Cistella de verdures ecològiques. PATXI URIZ | DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Cesta de verduras ecológicas. PATXI URIZ | DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Yo como, tú comes, él come

La alimentación es un derecho humano reconocido internacionalmente. Pero si queremos ejercerlo a nivel local, debemos promover políticas agrícolas que nos permitan alcanzar la soberanía alimentaria.

De acuerdo con los compromisos establecidos en diferentes pactos internacionales, las personas no solo tienen derecho a comer: también tienen derecho a hacerlo de manera justa, segura, sostenible y saludable. Por este motivo, la Diputació de Barcelona apoya los proyectos promovidos por ayuntamientos que estén interesados en ejercer su soberanía alimentaria. En este sentido, crear espacios agrícolas gestionados es fundamental, ya que si no hay campesinos, no hay sector agrícola; y sin un sector agrícola local, no puede haber soberanía alimentaria.

 

Derecho a la alimentación

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada año el 10 de diciembre y conmemora el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Es un documento histórico por muchas razones, pero sobre todo porque estableció, por primera vez, la lista de derechos fundamentales de las personas, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y aunque vale la pena leer y subrayar cada uno de los treinta artículos de la resolución, hoy queremos centrarnos en el número 25, ya que nos permite recordar la importancia de proteger un derecho básico y esencial que, lamentablemente, no está garantizado en ninguna región del mundo: el derecho a no pasar hambre.

 

«Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, para sí y su familia, la salud y el bienestar, especialmente en lo que respecta a la alimentación» Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

 

Unos años más tarde, en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas fue más allá y adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 11, reconoce «el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre» y alienta a los Estados signatarios a tomar medidas para hacer efectivo este derecho. En concreto, expresa el compromiso de «mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos», «la mejora o reforma de los regímenes agrarios para lograr la explotación y el uso más eficientes de los recursos naturales», así como «garantizar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades».

Lamentablemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma en su último informe que el mundo está lejos de poder erradicar la desnutrición y combatir la malnutrición: sus estimaciones indican que alrededor de 690 millones de personas padecen hambre actualmente en todo el mundo, una cifra que en 2030 superará los 840 millones si se mantienen las tendencias recientes.

 

También en Cataluña

El hambre es un problema muy extendido y afecta no solo a los países en desarrollo: la pobreza alimentaria también existe en nuestro entorno inmediato. Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña, el 26,7% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes y más de 428.000 personas sufren graves privaciones materiales.

Debemos ser conscientes de que si queremos acabar con el hambre en nuestro territorio, debemos trabajar de forma transversal y coordinada con las autoridades locales y regionales: sabemos que los gobiernos locales son clave para articular un sistema agroalimentario que no deje a nadie fuera. Evidentemente, debemos asegurarnos de que ninguna persona vea violado su derecho a la alimentación. Pero también debemos implementar medidas que nos permitan abordar la otra cara del hambre, la menos visible, la que está relacionada con la escasez, los excesos o los desequilibrios de alimentos y no con su ausencia. La malnutrición, no la malnutrición, es el gran desafío alimentario de Cataluña.

Las personas no solo tienen derecho a la alimentación, como se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también deben poder hacerlo de manera justa, segura, sostenible y saludable. Por ello, la Diputació de Barcelona está trabajando en una guía que aspira a convertirse en un documento de referencia mundial y de consulta frecuente por parte de todos aquellos municipios que quieran apostar por «un sistema alimentario más localizado, saludable, justo, hipocarbónico y ecológico». La corporación quiere reforzar los procesos necesarios para los gobiernos locales que puedan estar interesados en hacer la transición a un modelo de mayor soberanía alimentaria, alineándose así con la estrategia «De la granja a la mesa», que está en el centro del Pacto Verde Europeo.

 

Una visión de hace más de veinte años

La declaración institucional es reciente: la Diputación de Barcelona hizo público su compromiso con la alimentación sostenible durante el pleno ordinario del 29 de octubre. Pero esta transición se viene gestando desde hace tiempo en la Cámara: en todas las áreas de la corporación hay equipos que trabajan en algunos de los aspectos de una estrategia política extremadamente compleja, llena de matices y derivaciones. En el Área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial, en el Área de Acción Climática, en el Área de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio, en el Área de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar..., en todos los ámbitos hay personas que promueven la gobernanza alimentaria en el territorio con una visión y una misión conjuntas. También en el Área de Infraestructuras y Espacios Naturales, donde la Dirección Territorial Agraria (DTA) lleva más de veinte años apoyando modelos de desarrollo agrícola que cuidan tanto del territorio donde se cultivan los alimentos como de las personas que los producen.

Este apoyo se ha concretado, por ejemplo, en la promoción del Parque Rural de Montserrat, un proyecto que se inició en 2005 por iniciativa de los ayuntamientos de Collbató, Olesa de Montserrat, Esparreguera y El Bruc, y que hoy cuenta con el compromiso de dieciséis municipios de la zona. También en la creación del Espacio Agrícola de Baixa Tordera, una propuesta conjunta de los ayuntamientos de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Tordera y Blanes para poner en valor uno de los territorios agrícolas más fértiles de Cataluña. Y, obviamente, no podemos dejar de mencionar el BCN Smart Rural, el proyecto de especialización y competitividad territorial cofinanciado por la Diputación de Barcelona y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Con un presupuesto de casi tres millones de euros, el proyecto se organiza en tres áreas principales de acción: un banco de servicios para impulsar la especialización y la competitividad en el mundo rural gracias al uso de nuevas tecnologías; la promoción de la actividad agrícola y ganadera de alto valor ecológico; y la promoción de la economía verde y circular mediante la gestión forestal y el uso de la biomasa.

Es importante destacar que todos los proyectos liderados por la Dirección Territorial Agraria promueven modelos de desarrollo que huyen de un sistema de producción lineal, donde el único objetivo que se persigue es el crecimiento económico, y en su lugar apuestan por un sistema de producción circular que agrega criterios sociales, ecológicos y de proximidad a la ecuación. Son proyectos que quieren contribuir a hacer viable el mundo rural a través de iniciativas sostenibles, diversificadas y resilientes. Como se basan en la innovación, la participación y el conocimiento, son proyectos adecuados para personas que buscan soluciones «inteligentes» o inteligentes. Y son, sobre todo, proyectos que trabajan a favor de la soberanía alimentaria: si aceptamos que las personas tienen derecho a disfrutar de alimentos sanos, sabrosos y sostenibles, debemos implementar políticas agrarias que nos permitan garantizar el ejercicio de este derecho fundamental en la demarcación de Barcelona.

 

«Todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Bajo ninguna circunstancia se privará a un pueblo de sus propios medios de subsistencia» Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 1966)

 

 

Editorial BCN Smart Rural

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